En un contexto de creciente digitalización, el ciberdelito se ha convertido en una amenaza transnacional que exige respuestas coordinadas. El miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, José Cepeda, ha formulado una pregunta incisiva a la Comisión Europea, subrayando la urgente necesidad de agilizar el acceso transfronterizo a pruebas electrónicas y de establecer una base legal común para los jueces de la UE.
Según Cepeda, el único instrumento vigente hasta la fecha es el Convenio de Budapest, un marco voluntario de cooperación internacional que, además, no cuenta con la ratificación de todos los Estados miembros —caso de Irlanda, entre otros—. Esta situación, asegura, limita la capacidad de respuesta ante los delitos digitales, cibernéticos y otros ciberdelitos, cuyo impacto trasciende fronteras.
En su pregunta, Cepeda ha enunciado:
«¿Qué medidas prevé adoptar la Comisión para fortalecer la cooperación judicial en la lucha contra los ciberdelitos, en lo relativo a la agilización del acceso transfronterizo a pruebas electrónicas? ¿Considera la Comisión la necesidad de proponer nueva normativa para poder abordar las nuevas modalidades de ciberdelincuencia?»
El planteamiento pone en evidencia la imperiosa necesidad de revisar y actualizar el actual marco jurídico. Muchos expertos coinciden en que disponer de un instrumento legal común permitiría una colaboración más eficaz entre las autoridades judiciales de la UE, optimizando la persecución y sanción de los ciberdelincuentes.
La respuesta de la Comisión Europea se espera en las próximas semanas, mientras el debate sobre la modernización de la cooperación judicial en materia digital continúa intensificándose.