La opinión sobre el análisis de las cadenas de subcontratación y la función de los intermediarios para proteger los derechos de los trabajadores ha sido aprobada hoy con los votos a favor de una gran parte del arco parlamentario en la Comisión de Mercado Interior de la Eurocámara.
El eurodiputado José Cepeda, del grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D), ha logrado recabar un amplio consenso en la aprobación de su informe de opinión sobre cadenas de subcontratación y el rol de los intermediarios en la protección de los derechos laborales. Dicho informe se ha aprobado hoy en la Comisión de Mercado Interior y protección del consumidor de la Eurocámara, contando con 42 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
Cepeda ha agradecido “el compromiso de todos los grupos que han apoyado la iniciativa para sacar adelante el mejor informe posible”. Además, ha destacado que esta iniciativa “busca equilibrar el papel de la subcontratación, como expresión de la libertad de empresa, con los derechos de los trabajadores, que son igualmente reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.
Los elementos más destacados de las enmiendas transaccionales, que seguirán su curso parlamentario en la Comisión de Empleo de la Eurocámara destacan el beneficio que conlleva la subcontratación para las pymes, la creación de empleo y competitividad en Europa, al tiempo que enfatiza la necesidad de proteger condiciones de trabajo dignas para los trabajadores y combatir los abusos laborales que se dan en el seno de la subcontratación. A este respecto, el europarlamentario madrileño ha incidido en “lo necesario y legítimo de la subcontratación”, pero advirtiendo de que “la prolongación de dichas cadenas favorece la opacidad, el fraude y la precariedad laboral, que es precisamente lo que la Europa del bienestar ha de combatir”.
Lucha contra el fraude y la explotación laboral
El informe aprobado hoy advierte de que solo algunos Estados miembros regulan las cadenas largas de subcontratación, y apela directamente a los Veintisiete y a la Comisión Europea para abordar las prácticas ilegales y para reforzar y hacer cumplir las obligaciones para con los trabajadores. Además, incluye una llamada a favorecer la contratación directa en sectores más vulnerables al abuso y al fraude.
En esa línea, también pide abordar las prácticas comerciales injustas que tengan su origen en las cadenas de subcontratación, en particular identificando la explotación laboral y otras prácticas ilegales. Además, interpela a la Comisión para que combata el abuso en el trabajo, así como para que tome medidas en contra los Estados miembros que no cumplan adecuadamente con la normativa aplicable.
En relación con la necesidad de hacer frente a los retos de los abusos en la subcontratación y proteger así el empleo y los derechos de los trabajadores, Cepeda ha conseguido que se considere en la Unión Europea la responsabilidad civil en toda la cadena de subcontratación, y especialmente en empresas transfronterizas.
También hay una mención a la contratación pública, abogando por reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en las cadenas de suministro y por abordar la subcontratación en el sector público estableciendo un régimen bien definido que dé seguridad jurídica y claridad a los operadores económicos, así como por revisar los criterios de exclusión para quien quiebre la legalidad vigente en la materia. Cepeda ha asegurado que “la subcontratación es una práctica empresarial imprescindible en muchos sectores, que aporta la especialización y flexibilidad que muchas pymes en Europa necesitan, pero cuando esa cadena es larga y opaca genera fraude, dumping social y precariedad”.
En ese sentido, el también dirigente de los socialistas madrileños ha incidido en el consenso, que achaca “a la voluntad decidida de que el Parlamento Europeo defienda activamente los derechos de los trabajadores. Con la aprobación de este informe damos un paso hacia un mercado interior competitivo que solo es sostenible si se construye sobre derechos laborales sólidos, transparencia y justicia social.